El artículo 119 de la Constitución Española de 1978 establece gratuidad de la Justicia respecto de quienes acreditan insuficiencia de recursos para litigar.

En términos generales, la Asistencia Jurídica Gratuita es el sistema que permite a los ciudadanos que acrediten insuficiencia de recursos económicos, proveerse de los profesionales necesarios para tener acceso a la tutela judicial y ver adecuadamente defendidos sus derechos e intereses legítimos. Este derecho, y los deberes que igualmente conllevan en reconocimiento del mismo, y los trámites y documentación a aportar están regulados en la ley 1/96 de Asistencia Jurídica Gratuita