El día 12 de septiembre la Dirección General de Justicia del Gobierno de Navarra ha organizado, a las 12:30 horas, un webinar específico del PSP para mostrar a los profesionales de la Abogacía las nuevas funcionalidades y mejoras de la versión 5.5 del PSP, que se implantará en la primera quincena del mes de octubre.

El enlace es el siguiente: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWMxZGEwZGUtNzQ4Yy00YTM4LTg4MTQtOTM3NDQ3MDY3YWZl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222431a954-9724-4eae-ae8e-4f90adda3326%22%2c%22Oid%22%3a%22901adb94-9841-45cc-a883-11d57903e6bb%22%7d

Un año más el MICAP y el Banco de Santander han suscrito un convenio de colaboración para facilitar a profesionales de la abogacía y colegiados y colegiadas el conocimiento y ventajas de la oferta del Banco Santander para nuestro colectivo, por el que el colegio percibirá el importe de 2.500.-€ iva incluido

El Pleno del Consejo General de la Abogacía Española, en su sesión de 9 de febrero de 2024, adoptó el acuerdo de convocar elecciones para cubrir DOS PLAZAS DE CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTIVOS, PROFESIONALES DE LA ABOGACÍA DE RECONOCIDO PRESTIGIO CON MÁS DE QUINCE AÑOS DE EJERCICIO PROFESIONAL, PREVISTAS EN EL ARTÍCULO CIEN DEL ESTATUTO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA (EGAE), APROBADO POR REAL DECRETO 135/2021, DE 2 DE MARZO, conforme a continuación se detalla:

LUGAR, FECHA Y HORA DE LAS ELECCIONES

Las elecciones tendrán lugar durante la reunión del Pleno del Consejo que se celebrará el 22 de marzo de 2024, en el Salón de Plenos de la sede del Consejo General de la Abogacía Española, Paseo de Recoletos 13, 28004 Madrid.

ORDEN DE VOTACIÓN

Conforme determina el artículo 100.3 del EGAE votarán todos los Consejeros y Consejeras miembros del Pleno, previo llamamiento por orden alfabético.

Durante el periodo de votación se realizarán dos llamamientos a las Consejeras y Consejeros, conforme determina el artículo 3 del Reglamento de Régimen Interior del Consejo General de la Abogacía. Entre cada llamamiento – que se realizarán, el primero al inicio del Pleno, a las diez de la mañana, y el segundo al final de la sesión y antes del recuento -, con el fin de agilizar los trabajos del Pleno, éste podrá continuar con el desarrollo de su Orden del Día.

ESCRUTINIO, PROCLAMACIÓN Y TOMA DE POSESIÓN

Al término de la votación se procederá al recuento de los votos y se proclamará el resultado.

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS CANDIDATURAS Y DOCUMENTACIÓN

El plazo de presentación y recepción de candidaturas y documentación exigida expira el 7 de marzo de 2024 a las 13:00 horas, en las dependencias administrativas de la Secretaría del Consejo General (Paseo de Recoletos 13, 28004 Madrid), no siendo admitidas las que se presenten con posterioridad.

Conforme determinan el artículo 100 del EGAE y el artículo 3 del Reglamento de Régimen Interior del Consejo, la documentación que deberá aportarse, mediante certificación del respectivo Colegio de la Abogacía, junto con la comunicación presentando la candidatura, es la siguiente:

1. Su condición de profesional de la Abogacía con más de quince años de ejercicio profesional y el Colegio de residencia.
2. No estar incurso en ninguna de las causas de prohibición, incompatibilidad o incapacidad previstas en el Estatuto General de la Abogacía Española.

El Consejo General de la Abogacía ha lanzado una encuesta, en la que pueden participar todos los colegiados, sobre las amenazas, agresiones e injurias sufridas en el ejercicio de su profesión, porque considera que han aumentado últimamente y quiere analizar qué medidas tomar.

“En los últimos tiempos se están incrementando tanto los comportamientos amenazantes e injuriosos como las agresiones, lo que ha generado el consiguiente aumento de preocupación y la necesidad de analizar el estado de la situación”, aseguró Lourdes Carballo, presidenta de la  Comisión de Defensa de los Derechos e Intereses Profesionales de la Abogacía del Consejo en una comunicación dirigida a todos los Colegios de la Abogacía.

La participación en la encuesta es anónima y estará abierta hasta el 1 de febrero. Están invitados a participar en ella todos los profesionales colegiados. El objetivo es, como señaló Carballo, “estudiar y adoptar medidas que contribuyan a evitar y/o perseguir estas ilícitas y deplorables conductas, así como a ayudar a los compañeros y compañeras a gestionar estas situaciones”.

Por ello en la encuesta se pregunta en detalle sobre las diferentes formas de presión, intimidación y agresión recibidas cuando se ejerce la profesión.

Con los datos obtenidos se estudiará la posibilidad de redactar un protocolo de actuación.

PARTICIPA EN LA ENCUESTA HASTA EL 1 DE FEBRERO

El 29 de Junio se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 5-2023, de 28 de junio, que, entre otras cuestiones de interés, recoge la suspensión de vistas y procedimientos por enfermedad del profesional de la Abogacía o de sus familiares cercanos, así como por nacimiento y cuidado de menor.

EL Real Decreto Ley señala la «urgencia y necesidad» de estas medidas, que «permitan una mayor conciliación de la vida personal y familiar con el desempeño profesional de las personas profesionales de la abogacía, la procura y las graduadas ante los tribunales de justicia». Se recoge de este modo algunas de las demandas históricas de la Abogacía. 

En el ámbito penal la norma establece que procede la suspensión del juicio oral «cuando algún miembro del Tribunal, el Fiscal o el defensor de cualquiera de las partes enfermare repentinamente hasta el punto de que no pueda continuar tomando parte en el juicio ni pueda ser reemplazado este último sin grave inconveniente para la defensa del interesado«. Igual medida se aplicará en caso del defensor de cualquiera de las partes, en los supuestos de fallecimiento, hospitalización o intervención quirúrgica por causa grave de un familiar hasta el segundo grado por consanguineidad o afinidad, modificándose el artículo 746 de la Lecrim.

En el caso de parto el RDL señala que «si la suspensión del Juicio Oral se solicita por haberse producido o iniciado el parto de manera repentina, o sin tiempo suficiente como para que otro profesional de la Abogacía pueda hacerse cargo del asunto uy prepararlo , se suspenderá el señalamiento por el tiempo mínimo imprescindible en atención a su complejidad.»

En relación con la suspensión del juicio oral, el real Decreto Ley señala que si se trata de un proceso en el que el profesional de la abogacía ha sido designado por el turno de oficio “solo se suspenderá el procedimiento por el tiempo que demore el Colegio profesional correspondiente en proveer la designación de nuevo profesional para evitar causar indefensión a la parte”.

En el ámbito civil y social, el Real Decreto Ley modifica la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil para establecer que “podrán interrumpirse los plazos y demorarse los términos durante un plazo de tres días hábiles cuando por los Colegios de Abogados o Procuradores o por las partes personadas se comuniquen causas objetivas de fuerza mayor que afecten a la persona profesional de la abogacía o de la procura, tales como nacimiento y cuidado de menor, enfermedad grave y accidente con hospitalización, fallecimiento de parientes hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad o baja laboral certificada por la seguridad social o sistema sanitario o de previsión social equivalente.»

Igualmente se regula que “también se suspenderá el curso del procedimiento, a solicitud del profesional de la abogacía, por el fallecimiento, accidente o enfermedad graves de su cónyuge, de persona a la que estuviese unido por análoga relación de afectividad o de un familiar dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad. La suspensión se producirá por tres días hábiles a contar desde el día siguiente al hecho causante, plazo que podrá ser de hasta cinco días hábiles cuando a tal efecto sea preciso un desplazamiento a otra localidad”. “Estos plazos de suspensión quedarán reducidos a dos y cuatro días hábiles, respectivamente, cuando el fallecimiento y las otras circunstancias señaladas afecten a familiares en segundo grado de afinidad o consanguinidad”, detalla.

Establece asimismo que se suspenderá el procedimiento “por accidente o enfermedad del profesional de la abogacía interviniente”, durante todo el periodo coincidente con la baja laboral conforme a la legislación laboral, “por un plazo máximo de treinta días naturales, transcurridos los cuales se alzará la suspensión”.

Según establece el  Real Decreto, también podrán solicitar la suspensión del procedimiento los profesionales que estén disfrutando del permiso de maternidad o paternidad, durante todo el periodo establecido por la legislación. “La suspensión así solicitada afectará a todos los procedimientos en los que intervenga la persona profesional de la abogacía en cuestión”, añade. Y se podrá solicitar un nuevo señalamiento si resultara imposible asistir a una vista “por causa de fuerza mayor u otro motivo de análoga entidad, tales como nacimiento y cuidado de menor, enfermedad grave y accidente con hospitalización, fallecimiento de cónyuge o de persona a la que estuviese unido en relación análoga al matrimonio, fallecimiento de parientes hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad o baja laboral”. “Se respetará en la fecha del nuevo señalamiento el período de baja obligatoria que, por enfermedad, nacimiento o cuidado de menor, tuviere establecido la persona profesional de la abogacía”, añade.